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Salamanca, Gto., 13 de mayo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró un tractocamión que transportaba aproximadamente 42 mil litros de combustible cuya procedencia legal no pudo acreditarse, además de detener a un hombre presuntamente relacionado con estos hechos.
La intervención ocurrió durante el Operativo Blindaje Guanajuato, mediante labores de inspección y vigilancia sobre la carretera federal Salamanca–Morelia, a la altura de la comunidad de Valtierrilla.
Durante el operativo, integrantes de la PEC detectaron irregularidades en la circulación de un tractocamión color blanco, por lo que marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.
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Posteriormente, los elementos revisaron la documentación y verificaron los datos de la unidad. Aunque no encontraron reportes relacionados con el vehículo, sí detectaron inconsistencias en los códigos QR visibles tanto en el tractocamión como en el semirremolque tipo tanque.
Además, las autoridades confirmaron que dichos códigos carecían de un registro válido ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), situación que impidió acreditar la procedencia legal del hidrocarburo transportado.
Derivado de estos hechos, policías estatales detuvieron a Josafat “N” y aseguraron un tractocamión marca Kenworth, modelo 2005, color blanco, acoplado a un semirremolque tipo tanque.
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Tanto el detenido como la unidad y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes conforme al marco legal vigente.
La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que la manipulación, transporte y comercialización irregular de hidrocarburos representan riesgos para la seguridad de las comunidades y generan afectaciones económicas y productivas.
Asimismo, informó que durante la presente administración estatal las autoridades han asegurado más de 6.2 millones de litros de hidrocarburos y derivados, lo que representa una afectación superior a 712 millones de pesos para las economías criminales.
