Las corporaciones e instituciones que participan en este operativo suman un estado de fuerza de 24 mil personas, desplegadas en todo el territorio estatal, del 10 al 27 de abril.
Un juez determinó su culpabilidad y le impuso, además de la pena de prisión, una multa, la suspensión de sus derechos electorales y la obligación de reparar el daño a la víctima.